Riesgos y retos para las y los defensores de derechos humanos

Este artículo fue publicado en el número 7 (julio de 2010) de la revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

La situación en la que actualmente los defensores y las defensoras de derechos humanos en México desarrollamos nuestra actividad es sumamente compleja y representa nuevos riesgos y retos para la labor de defensa de los derechos humanos, sobre todo en el aspecto de la seguridad y la protección, ya que las y los defensores padecemos el incremento de ejecuciones extrajudiciales, prisión política, hostigamiento, seguimientos, allanamientos y agresiones físicas y psicológicas en un ambiente de inseguridad e impunidad.1

Contexto

En México las y los defensores de derechos humanos realizamos nuestra labor en un contexto de violencia estructural y dirigida. En el primer caso, la negación o limitación por parte del Estado mexicano del acceso a los plenos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la sociedad se traduce en una constante violencia estructural hacia la mayoría de la población;ésta es, también, la principal causa que impulsa a la sociedad al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, manifestación, organización y protesta. En este sentido, la pobreza es una de las grandes violaciones a los derechos humanos que padece la sociedad mexicana.

Como consecuencia de la negación o restricción a los derechos humanos de la sociedad, se produce un proceso de descomposición y ruptura del tejido social, así como un proceso de deshumanización de la sociedad que se manifiesta en una mayor inseguridad; es decir, en el incremento de los índices de criminalidad por parte de la delincuencia común y de la delincuencia organizada.

En el segundo caso, la defensa de los derechos humanos enfrenta una situación mucho más compleja que nos coloca en un escenario de mayor vulnerabilidad porque, además del clima de inseguridad, las y los defensores somos blanco de una violencia dirigida sistemáticamente desde el Estado.

Debido a nuestra labor, las y los defensores solemos ser incómodos para quienes violan los derechos humanos, e incluso podemos llegar a ser un obstáculo para quienes, debido a sus intereses económicos y políticos, impulsan políticas que, en lugar de ampliar los derechos humanos, pugnan por restringirlos.

Respuesta estatal al ejercicio de defensa de los derechos humanos

El Estado mexicano, lejos de querer garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la sociedad, ha venido impulsando estrategias políticas y económicas que constituyen una regresión en materia de derechos humanos y, por lo mismo, un riesgo para quienes realizamos la labor de defensa de esos derechos.

Este proceso de regresión puede ser resumido en los siguientes puntos:

1. La construcción, para justificar la restricción de derechos a la población, de un enemigo interno: el narcotráfico. La“guerra” contra el narcotráfico impulsada desde el gobierno federal ha dejado, de acuerdo con sus cifras, entre 20 y 25 mil personas acribilladas en actos de violencia relacionados con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y abril pasado; y más de un millar de personas desaparecidas, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.2 De ninguna manera podría decirse que esto implica una mayor seguridad para la población; por el contrario, ha incrementado en la sociedad el miedo, la zozobra y la incertidumbre ante los operativos militares y policiales.

2. La militarización. Con respecto a este punto, en los últimos cinco años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó un incremento de 500% en las quejas contra el Ejército. En el periodo entre 2007 y 2009, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha documentado 202 casos de abuso militar. A pesar de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, el gobierno mexicano defiende el fuero militar, el cual impide que los miembros del Ejército involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos sean juzgados en tribunales de justicia civil. Esto es una muestra de la falta de voluntad política para adecuar la legislación mexicana a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

3. La criminalización de las y los luchadores sociales, y las y los defensores de derechos humanos, así como de la sociedad en general, es una estrategia del Estado que consiste en estigmatizar a las personas utilizando los medios masivos de comunicación con el objetivo de acusarlas de ser violentas, de actuar al margen de la ley, de ser transgresoras de la ley, y de estar involucradas en la delincuencia organizada o en el terrorismo, con lo que se intenta eliminar la legitimidad de la protesta social. Bajo este esquema, las y los defensores que actúan para denunciar la violación a los derechos humanos de integrantes de movimientos sociales son acusados de defensores de delincuentes o transgresores de la ley.

Ahora bien, la criminalización no sólo es mediática; también ocurre a nivel judicial (judicialización). Existen casos en los que al defensor de derechos humanos y al luchador social se les fabrican delitos del fuero común o del fuero federal para encarcelarlos y coartarles sus derechos de manifestación, organización y protesta. Un ejemplo emblemático es el de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, dirigentes de un movimiento social de defensa del derecho al territorio en San Salvador Atenco, Estado de México, quienes están presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión, y Felipe Álvarez y Héctor Galindo a 70 años, tras ser hallados culpables de secuestrar a funcionarios públicos durante una serie de disputas locales que se produjeron en 2006.3

4. Propuestas de reformas constitucionales para legalizar prácticas violatorias de derechos humanos como los estados de excepción –y con éstos la suspensión de garantías individuales–, la ley contra la delincuencia organizada –que está en contra de la definición internacional de delincuencia organizada–, el arraigo y el reglamento de los penales de alta seguridad.

5. El paramilitarismo como la mano siniestra del Estado. El ejemplo más reciente de esta política de Estado es el asesinato en Oaxaca de la defensora de derechos humanos Bety Cariño y del observador internacional de derechos humanos Jyri Antero Jaakkola por parte de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), organización paramilitar priísta que tuvo su origen en el cuartel militar de San Juan Copala.

6. La polarización social que pretende “orillar” a la sociedad a extremos opuestos: o se está de acuerdo con las políticas gubernamentales o se es considerado un obstáculo, un enemigo del Estado al cual hay que neutralizar o eliminar. Con este tipo de estrategia se produce una división en la sociedad que lleva a una diferenciación radical entre ellos y nosotros.

Riesgos

Ante este escenario de incremento de la pobreza, la inseguridad y la regresión en materia de derechos humanos en México, las y los defensores de derechos humanos nos enfrentamos a un sinnúmero de riesgos por el solo hecho de hacer lo que hacemos; es decir, por defender nuestros derechos y por defender el derecho a defender los derechos humanos de la sociedad.

Los hostigamientos, amenazas, encarcelamientos, agresiones físicas y psicológicas, y las ejecuciones extrajudiciales son, y por desgracia seguirán siendo, algunos de los riesgos permanentes a los que nos enfrentamos. También lo es la estigmatización por parte del Estado y de la mayoría de los medios masivos de comunicación, fenómeno que implica que, sobre la base de la polarización, se comience a señalar al otro y a estigmatizarlo de tal manera que se le aísle y se le convierta en un sujeto vulnerable, que puede ser sometido a la represión política del Estado.4

Además, a estos riesgos hay que agregar la desaparición forzada, la violencia sexual, las judicializaciones, los allanamientos o cateos ilegales a oficinas y casas, y el robo de información como prácticas que el Estado mexicano lleva a cabo para neutralizar o eliminar lo que, a su juicio, representa un obstáculo para el desarrollo de sus políticas económicas y sociales.

Por lo anterior, es necesario que las organizaciones de derechos humanos y las y los defensores analicemos constantemente en dónde estamos parados, qué actores de la sociedad nos rodean y qué intereses podemos afectar en nuestra labor de defensa de los derechos humanos. En otras palabras, sin un constante y sistemático análisis de la realidad, los defensores tendremos dificultad para ubicar los riesgos que conlleva nuestra labor y no podremos impulsar políticas de prevención y protección que nos garanticen la continuidad de nuestro quehacer en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.

Retos

Ante el panorama que hemos señalado, consideramos que en materia de seguridad y prevención los principales retos a los que nos enfrentamos son:

• Exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

• Generar la conciencia sobre la importancia de la seguridad en el trabajo de las y los defensores, la cual les permitirá potenciar su trabajo desde un enfoque integral.

• La documentación correcta de los casos de agresiones en contra de las y los defensores de derechos humanos.

• La construcción de una base de datos especializada en agresiones a las y los defensores de derechos humanos.

• La formación y capacitación de las y los defensores de derechos humanos en materia de prevención, seguridad y protección.

• La construcción de redes, entre las organizaciones de derechos humanos y sociales, en materia de prevención de riesgos de las y los defensores, las cuales permitirían una reacción anticipada y eficaz ante un ataque.

• Un mecanismo no gubernamental de protección a las y los defensores de derechos humanos.

• Un mecanismo gubernamental de protección a las y los defensores de derechos humanos.

En conclusión, la necesidad de proteger y acompañar a las y los defensores de derechos humanos requiere del apoyo y la participación activa de toda la sociedad, así como del compromiso firme por parte del Estado para garantizar y proteger los derechos humanos de ésta. No es posible construir un ambiente de seguridad y protección para las y los defensores de derechos humanos si persiste en México la impunidad para quienes las y los agreden.

Notas al pie de página:

* Debido a que el Comité Cerezo México se ha dedicado desde 2007 a impartir talleres de prevención y protección para defensores de derechos humanos, además de realizar para diversas organizaciones sociales y de derechos humanos análisis de riesgo, de incidentes de seguridad, de amenazas, de contexto y de planificación en seguridad, dicha organización tuvo la iniciativa de desarrollar, a mayor profundidad, el área de prevención, protección y seguridad para defensores de derechos humanos y convertirla en una organización. A esto se debe que, a finales de 2009, surgiera Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh, A. C.). Para contactar a los integrantes de la organización, escríbase a .

1 La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado 128 agresiones a defensores de derechos humanos durante el periodo de 2006 a 2009. Información disponible en <www.hchr.org.mx/Documentos/> , página consultada el 8 de junio de 2010.

2 Información disponible en <www.eluniversal.com.mx/estados/7631...> , <www.expresionlibre.org/site2/nacion...> y <www.ar.terra.com/terramagazine/inte...> , páginas consultadas el 14 de junio de 2010.

3 N. del E.: Las tres personas quedaron en libertad el día 1 de julio pasado, luego de haber sido exoneradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

4 En su último informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, Amnistía Internacional (AI) destaca más de 15 casos de amenazas y ataques contra defensores perpetrados entre 2007 y 2009. Los casos abordados por ai incluyen homicidios, detenciones indebidas, encarcelamientos por cargos penales falsos, acoso e intimidación. Documento disponible en<http://amnistia.org.mx/documentos/i...> , página consultada el 8 de junio de 2010.