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CENCOS; Insuficiente el nivel de cumplimiento del Estado mexicano en materia de libertad de expresión: Relatorías

25 de octubre de 2011

Martes 25 de octubre de 2011, por acuddeh

En materia de protección, destacó que la firma del Acuerdo interinstitucional es insuficiente puesto que no cuenta con recursos claros asignados ni con lineamientos definidos para su operación. Prueba de que no está funcionando adecuadamente es que a casi un año de la firma han asesinado a 13 periodistas y se han cometido múltiples agresiones que pudieron prevenirse, “el mecanismo requiere una buena coordinación con los estados, de la colaboración de la sociedad civil y de los propios periodistas para la implementación adecuada de las medidas” aseguró Botero.

México D.F., 25 de octubre de 2011 (Cencos).- A pesar de que los relatores para la libertad de expresión Catalina Botero y Frank La Rue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas, respectivamente, reconocieron que el Estado mexicano realizó algunos esfuerzos importantes en materia de acceso a la información e impulsó la firma del Acuerdo interinstitucional para la creación de un mecanismo de protección para periodistas en noviembre del año pasado, advirtieron que estos no han sido suficientes para inhibir la violencia contra la prensa en nuestro país, misma que del año 2000 al 2010 ha cobrado la vida de 70 periodistas, y de 13 más en lo que va de 2011 aunque aclararon que no en todos los casos se ha confirmado el vinculo entre el asesinato y la labor periodística.

Esto durante la presentación desde Washington D.C. -a través de video conferencia- del informe conjunto sobre su visita oficial a México en agosto de 2010, comentado por Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Roberto Rock, representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de Javier Sepúlveda, director general del programa de agravios contra periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De esta misión de observación se emitieron varias recomendaciones al Estado mexicano relacionadas con los principales obstáculos que existen para ejercer el periodismo, el más urgente, tiene que ver con el cese de las agresiones, situación que ha colocado al país como el más peligroso del continente para ejercer la libertad de expresión y el periodismo.

De entre las recomendaciones, Catalina Botero destacó tres niveles de atención al problema: en materia de prevención el Estado debe admitir que tiene un problema grave de violencia contra la prensa y por ende de censura públicamente y emitir un discurso que abone a legitimar la labor de la prensa; asimismo, debe comprenderse que la prensa crítica es fundamental para el desarrollo de la democracia y revertir el mensaje de impunidad que se está enviado al no resolver de manera adecuada los delitos cometidos contra periodistas. Se necesita también información oficial cuantitativa y cualitativa para entender el fenómeno de agresiones y poder atenderlo de manera adecuada

En materia de protección, destacó que la firma del Acuerdo interinstitucional es insuficiente puesto que no cuenta con recursos claros asignados ni con lineamientos definidos para su operación. Prueba de que no está funcionando adecuadamente es que a casi un año de la firma han asesinado a 13 periodistas y se han cometido múltiples agresiones que pudieron prevenirse, “el mecanismo requiere una buena coordinación con los estados, de la colaboración de la sociedad civil y de los propios periodistas para la implementación adecuada de las medidas” aseguró Botero.

En el tercer nivel se refirió a la impartición de justicia destacando que la impunidad es casi de un 100 por ciento, lo que manda un mensaje equivocado sobre el respeto a la prensa y representa una invitación a cometer un nuevo acto de violencia. En ese sentido, La Rue complementó explicando que aunque la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es un avance significativo, de poco servirá sin la federalización de los delitos contra periodistas -iniciativa “congelada” en el Congreso de la Unión desde el año 2008- y sin recursos asignados para su funcionamiento a falta de una estructura administrativa definida.

La Rue también puso énfasis en la necesidad de desconcentrar los medios de comunicación e inhibir la persecución penal de las radios comunitarias “porque esto no puede considerarse un delito, ni un ataque a la propiedad de nadie, es un derecho que los pueblos deben ejercer y debe ser regulado ya que es una deuda que se tiene con los pueblos indígenas”, así mismo se refirió al abuso del derecho penal en torno a los delitos de calumnia e injuria y consideró lamentable que aún exista la ley de imprenta.

Sobre el aumento de la violencia a raíz de la lucha contra el narcotráfico, La Rue y Botero coincidieron en que esta situación sin duda aumenta el riesgo para la prensa al ser un conflicto armado “atípico”; sin embargo, aseguraron que no es el crimen organizado el mayor agresor de la prensa en México y que las agresiones provenientes de las fuerzas del orden y de funcionarios públicos (sobre todo del ámbito local) representan un gran porcentaje. En este sentido, Botero planteó la necesidad de entender la seguridad de manera integral y como parte de un plan estratégico en el que la seguridad de las y los periodistas no esté “por fuera” de las políticas nacionales en este sentido, ya que la prensa es un aliado estratégico en el rescate legítimo del país y en la búsqueda de la justicia

En sus comentarios, Roberto Rock destacó el estancamiento del mecanismo de protección y la ausencia de lineamientos claros para su operación a pesar de que por parte del ejecutivo federal se señale que este ya está en funcionamiento

Por su parte, Brisa Solís destacó la importante labor de las relatorías con la presentación del informe La libertad de Expresión en México y aseguró que este trabajo no hubiera sido posible sin los aliados en la sociedad civil que trabajan con el tema y llamó a poner atención en nuevos fenómenos de censura en Internet y agresiones contra mujeres periodistas que se han hecho presentes durante 2011.

Ambos relatores aseguraron que para sus oficinas es una prioridad dar seguimiento puntual a los avances o retrocesos que México tenga en la materia dada la grave situación que enfrenta y se comprometieron a acompañar al Estado mexicano en el cumplimiento de estas recomendaciones

Centro Nacional de Comunicación Social


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