PROCESO; 1842; 19 de febrero de 2012; Sección: La Guerra de Calderón; La violenta “pacificación” de Juárez

Proceso1842

19 de febrero de 2012

Sección: La Guerra de Calderón

La violenta “pacificación” de Juárez

Marcela Turati

El gobierno de Felipe Calderón y la alcaldía de la ciudad chihuahuense proclaman que los
homicidios disminuyeron drásticamente y la Policía Municipal volvió a encargarse de la
seguridad. Ahora el problema es que su jefe, el militar Julián Leyzaola, se atribuye la
misión de “pacificar” el territorio a su manera: a costa de los derechos de la población y
con impunidad para sus efectivos, así que los juarenses tienen que cuidarse de narcos,
militares y policías de los tres niveles de gobierno.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Escondida en una casa en ruinas, con montes de escombros en
lugar de piso y huecos donde alguna vez hubo puertas o ventanas, la señora Padilla
Martínez asoma la cabeza poco a poco. Hasta cerciorarse de que está fuera de peligro, se
acerca. Desde su refugio cuenta que en noviembre su hijo mayor, Jorge (que llevaba sus
mismos apellidos), fue “levantado” por policías municipales del puesto de hamburguesas
que atendía. Su cadáver fue encontrado al día siguiente, en el fondo de un mirador, arrojado
como cualquier perro muerto.

Para conseguir los 15 mil pesos que costó el entierro hipotecó la casa donde vivía. Veló un
ataúd sellado, pues la Fiscalía Estatal de Justicia le pidió que no lo abriera. Cuando fue
citada a declarar ante el Ministerio Público recordó que unos policías molestaban a Jorge
Andrés y comían en su puesto sin pagar. Lo dijo. En un descuido del agente hojeó el
expediente y encontró las fotos de su hijo de 24 años encuerado, con la piel quemada, la
cara deformada, cinta canela en la boca, el cráneo deshecho.

Por el periódico se enteró de que la noche del homicidio otros tres jóvenes habían sido
detenidos por los mismos patrulleros; iban a ser presentados como una célula de sicarios
desactivada. Desde la cárcel, los otros detenidos denunciaron que los policías mataron a
Jorge.

“Nosotros vimos cuando el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, y los
policías que nos detuvieron golpearon hasta causarle la muerte en la estación de
policía a Jorge Andrés Padilla (...) Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos
cuando el señor Leyzaola les ordenó que al muerto lo fueran a aventar al camino real para
que no quedara evidencia”, indica el escrito enviado por los presos e integrado como
declaración en la carpeta del caso de Padilla, como reportaron los diarios locales.

Tres días después, mientras la señora Padilla cocinaba en el comedor de una maquila, unas
vecinas le avisaron que corriera a su casa. La encontró en llamas: esa mañana seis hombres
habían entrado y acribillado a sus dos hijos mayores (de 20 y 14 años), después los rociaron
con diesel y les prendieron fuego. Sus otros seis hijos, todos chiquillos, observaron
desesperados. Sus súplicas a los asesinos para que se apiadaran fueron en vano.

“Todo se vino el día que dije que eran los policías los que los molestaban. Fue mi culpa. Sé
que fueron policías los que me los mataron, me acabaron a los más grandes. Se portan igual
que los sicarios pero más descarados. Los sicarios no matan a golpes, al primero me lo
mataron de los golpes que traía, seguro lo torturaron porque les dijo que ya no les iba a dar
nada, porque los policías son los que cobran la cuota”, dice mientras escala los cascajos de
la casa abandonada adonde se mudará para esconderse. Sólo le falta poner triplay a puertas
y ventanas.

“Tengo a mis hijos traumados. La de siete años les gritaba a los asesinos: ‘Déjenlos, ellos
nos cuidan’, y se quiso aventar a la lumbre para quemarse con ellos, pero la aventaron.
Traigo mucho coraje con los que hicieron esto y no les tengo miedo, al cabo el día que me
van a matar me van a matar”, rumia en el desconsuelo.

La historia de la señora Padilla es una más en esta frontera que desde 2008 está en guerra y
donde se cometieron uno de cada cinco asesinatos del país. La ciudad/laboratorio donde el
gobierno federal probó diferentes estrategias de seguridad en las que a la gente sólo le
quedó clara una cosa: que cualquiera puede morir víctima de sicarios, soldados, policías
federales y ahora también de municipales.

En marzo se cumple un año de este último ajuste a la estrategia: la devolución de la
seguridad ciudadana a la Policía Municipal, encabezada por el polémico teniente Leyzaola,
el militar a quien se adjudica la “pacificación” de Tijuana y cuya designación coincidió con
el descenso de los homicidios.

Si el año pasado se llegó a una tasa de 300 asesinatos por cada 100 mil habitantes,
actualmente se cometen 120. Los homicidios en la que fue considerada la ciudad más
mortífera del mundo se redujeron en 57%, pero aún son demasiados.

Con Leyzaola al mando, la corporación estrena –entre sus funciones– el combate al
narcotráfico y los excesos cometidos por los elementos han sido ampliamente
documentados por la prensa local. Muchos juarenses los creen; otros consideran que son
invenciones de los criminales enojados por la estrategia, bravucona y echada pa’delante, del
nuevo director de la policía.

Pero las incriminaciones son muchas.

Al mes siguiente de que Leyzaola se estrenara como secretario de Seguridad Pública
municipal, en un predio abandonado fueron hallados los cadáveres de cuatro jóvenes
torturados –tres de ellos degollados–, que eran buscados por sus familias desde el 26 de
marzo. Desaparecieron cuando los detuvo, tras un altercado, una patrulla del Grupo Delta,
cuerpo de élite de la Policía Municipal.

Otro caso famoso fue el del parkero Ismael Flores Chavarría, que durante una balacera se
abalanzó hacia una mujer con un niño en brazos para salvarle la vida. Al día siguiente la
policía lo presentó ante los periodistas como culpable de un homicidio, junto a César
Adrián García, ambos desfigurados por las torturas. Flores tuvo que ser operado de
emergencia de la cabeza y salió vivo, pero su “cómplice” murió. Los dos eran inocentes.

Está el caso de la empresaria hotelera María Acosta, quien fue víctima de un robo, pero al
llegar a la estación de policía fue golpeada –según denunció– por el propio Leyzaola.
Estuvo a punto de ser presentada como secuestradora.

Otro es el caso de Susano Esparza, quemado con el mofle ardiente de una patrulla.
El más reciente es el de Sonia Tapia Cisneros, una maestra que esperaba en su auto a que su
hija saliera de casa de una amiga, pero arrancó despavorida cuando la calle se llenó de
policías, pues pensó que habría una balacera. “¡Mamá, me dieron en mis manos y mis pies
y me arde!”, le gritó su hijo de nueve años, que estaba herido. Cuando se detuvo para
auxiliarlo los policías que le dispararon, la esposaron y la llevaron a la fiscalía, donde la
acusaron de tentativa de homicidio y de transportar a cuatro sicarios. Cuando probó la
mentira, salió en libertad y se mudó a Estados Unidos.

Abusos generalizados

“Todas las noches en la televisión nos presentan sin recato a los detenidos. La semana
pasada, una mujer que trae un parche y no puede abrir los ojos; antes, un señor en calzones.
A muchos los presentan sangrando, con los ojos cerrados, que no se pueden ni enderezar.
Antes te escondían al torturado y te lo ponían cuando estaba mejor, ahora ya ni se cuidan”,
dice indignada Emilia González, veterana defensora de derechos humanos y representante
de la organización civil Cosyddhac.

En la página de Comunicación Social del municipio es posible mirar esa galería del horror
de personas con los rostros deformados por las golpizas.

Aunque González reconoce que los homicidios han disminuido y que la gente siente alivio
de no ver en cada esquina camionetas de militares o federales, considera también que la
situación ha empeorado porque antes la tortura era selectiva y “ahora es para todo el
mundo”.

“Este tipo (Leyzaola) ha aprovechado terriblemente la situación y ha logrado venderse
como el que ha logrado combatir la delincuencia con su mano dura. Y, por supuesto, los
empresarios luego luego se la compraron. Pero toda su fuerza ha radicado en criminalizar a
la población, en detener a cientos de personas todos los días sólo por no traer credencial de
elector”, explica.

Según un reporte de El Diario de Juárez, en esta ciudad de 1 millón 300 mil habitantes,
desde que llegó Leyzaola 359 personas son detenidas cada día por faltas al reglamento de
policías; sólo en 2011, 98 mil 958 personas fueron llevadas a barandillas. En enero pasado
acumuló 23 casos de denuncias de abusos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chihuahua (CEDHCH), con lo que superó el récord de la Policía Federal.

“La Mesa de Seguridad le planteó a Leyzaola desde su llegada que no rompiera el esquema
de trabajo, que su papel no era perseguir a narcotraficantes, secuestradores o
extorsionadores, sino dar seguridad a la ciudadanía e ir ganando terreno en lo preventivo
para que la gente volviera a salir a la calle, pero él dijo que, como en Tijuana, su tarea sería
limpiar de delincuentes la ciudad. Y como le tenía desconfianza a la PF, nunca llegó a
coordinarse”, señala Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador especial de la CEDHCH.

El abogado considera que la declaratoria de guerra de Leyzaola al crimen organizado
provocó que en enero comenzaran a matarle un policía diariamente (ocho fueron
asesinados) y que “la que empezó como una guerra de cárteles y luego entre pandillas, se
descompusiera a una guerra de un cártel contra la policía”.

De la Rosa critica la detención indiscriminada y sistemática de la gente pobre, de “mal
aspecto” o carente de credencial de elector, que debe pagar multas de 300 a 2 mil pesos
para obtener su libertad.

“Si de enero a marzo del 2011 eran detenidas alrededor de 6 mil personas, de noviembre a
enero de 2012 se detuvo a un promedio de 30 mil al mes. Pero, de cada 10 mil detenidos,
sólo se puso a disposición de un ministerio público a 300, y de esos sólo 100 (1% de lo
detenidos) llega ante el juez. Pero antes ya se presentó en la televisión a decenas de
personas, que dicen que eran secuestradores o extorsionadores, ya golpeadísimos, con la
cara reventada”, detalla el visitador.

Para el entrevistado, quien además es el actual titular del Centro de Confianza Ciudadana
de la Fiscalía de Justicia, tres hechos hicieron caer la confianza hacia el teniente Leyzaola:
presumió ante The New York Times la captura de El Diego (líder de La Línea, brazo
armado del Cártel de Juárez) cuando en realidad lo detuvieron fuerzas federales en
Chihuahua; yanunció a los medios que el sucesor del cabecilla era un tal Tin Tan, cuya foto
presentó pero resultó ser un trabajador de construcción de El Paso, Texas, que tramitaba su
pensión por jubilación; y aún más la agresión a la maestra Tapia y a su hijo. “No se vale
que después de todo lo que hemos pasado en esta ciudad vengan a burlarse de nuestra
tragedia. Está muy cabrón. Y encima se va contra los periodistas por hacer su trabajo”, dice
molesto De la Rosa.

Agrupaciones de periodistas denunciaron la semana pasada que 12 compañeros han sido
agredidos por policías de Leyzaola, lo que obligó a que el martes 14 el alcalde Héctor
Murguía y él se sentaran a dialogar con los dueños de medios de comunicación, a quienes
prometieron que evitarían criminalizar a pobres y a periodistas.

Una víctima de esos excesos fue el reportero de El Diario Joel Edgardo González, quien
desde la ventana de la empresa notó que había un altercado en la calle. Cuando salió se
encontró con que unos policías habían detenido a una mujer de Nuevo México recién
operada y le quitaban su camioneta porque les parecía sospechosa. Por reportear el suceso
fue esposado y llevado a barandilla.

“Cuando me trasladaban prendieron las torretas, se iban pasando semáforos, frenando para
que yo me fuera golpeando, como si trajeran a un (narco) pesado. Cuando llegamos a la
base un policía se sube a la caja del cámper y me dice: ‘Te vas a tener que dar un tiro
conmigo antes de entrar a barandilla, pinche delincuente’. Yo le dije que no cometí ningún
delito y me dijo: ‘Desde que estás en mi unidad eres un pinche delincuente, a ustedes (los
periodistas) parece que no les queda claro quién es la Policía Municipal, te voy a enseñar a
respetar mi placa y mi uniforme. ¿A poco crees que no te puedo matar?’.”

En la celda, González se encontró con una treintena de detenidos por motivos absurdos: a
un hombre lo apresaron al encontrarlo fumando afuera de su casa (le cobraron 2 mil 800
pesos por discutir) y a otro porque escuchaba música en un auto (su multa fue de 320
pesos). La gringa, llorando de dolor por su operación y por los jaloneos e insultos que
sufrió, pagó 620 pesos y otra multa para rescatar su camioneta.

Todos los entrevistados, entre ellos Hugo Almada y Leticia Chavaría, integrantes de la
Mesa de Seguridad, coinciden en que estas detenciones tienen afán recaudatorio.

Rastro de sangre

El teniente coronel Leyzaola llega como Robocop a su oficina para nuestra entrevista. Una
metralleta le cruza el cuerpo y lleva una pistola amarrada en la pierna. Viste los pantalones
de comando del uniforme azul marino que eligió para que su corporación dejara de usar el
color gris rata y su autoestima subiera.

No es bien visto por los defensores de derechos humanos del país. En su recomendación
10/2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo responsabiliza de la comisión
de torturas cuando era titular de la policía de Tijuana.

Pero tiene la simpatía de sus subalternos. Uno de ellos, sargento que pide el anonimato, dijo
que antes de su llegada se sentían desmotivados:

“Éramos como un perrito al que todo mundo pasa y le pega, y si alguien se quejaba de
nosotros nos echaban encima a Asuntos Internos. Antes si agarrábamos ‘un buen trabajo’
nos corrían y lo soltaban; hoy el secretario nos protege y nos premia. Nunca habíamos
tenido ese apoyo”, afirma.

Este policía sintió la presión por todos los experimentos a los que ha sido sometida esta
ciudad. Cuando el alcalde anterior solicitó la militarización, fue uno de los efectivos
enviados a capacitarse en la base de Santa Gertrudis.

“Fue la peor experiencia de mi vida –recuerda–; nos incomunicaron, dormíamos 30
elementos en una vil carpa con alacranes y víboras, sobre sarapes; a las ocho de la mañana
ya te deshidratabas del calor; teníamos que cantar las cancioncillas que cantan los soldados
y un soldadito nos daba clases de cosas que ni qué: técnicas de arrastre o las partes de la
brújula. ¿Pa’ qué, si somos policías?Íbamos a letrinas seguidas en hileras de 10 personas, la
comida era pésima.”

Dice que esa era una de las causas de su desmotivación y la de sus compañeros. El sargento
reconoce que ahora, con la autoestima inflada, sus compañeros se han excedido en el uso de
la fuerza bruta, pero igual que el secretario dice que es porque están exaltados y por la
presión que cargan. Admite, además, que hay narcos infiltrados en sus filas.

“La administración pasada nos dieron con todo, se estaba perdiendo mucho el respeto a los
mandos. Ahora, como ya llegaron 260 patrullas y nos dejan traer pistolas a casa, muchos
sienten que de perdida se van a poder defender cuando los embosquen, y los otros (los
narcos) se sienten desesperados porque les hemos pegado mucho”, dice orgulloso. Su
pistola Beretta reposa sobre la mesa del comedor.

En cambio el visitador De La Rosa indica que el mérito no es de la estrategia de Leyzaola:
“Después de la sangría de estos tres años, con 10 mil muertos y la cifra impresionante de
casi 10 muertos diarios, la estructura de los dos cárteles, de Sinaloa y La Línea, se debilitó.
Por eso se dio un equilibrio y cada uno se quedó con el territorio que podía tener: el
poniente y el centro de la ciudad para La Línea, y el Oriente y Valle para El Chapo”.

En la entrevista con Proceso, Leyzaola no se adjudica el milagro de la pacificación de
Ciudad Juárez pero tampoco se resta méritos. Presume que él devolvió el orgullo a una
corporación policiaca que encontró de rodillas, atrincherada tras costales de arena y vallas
de jardineras o ventanas tapiadas. Burlón, dice que 60% de los efectivos no estaba en la
calle sino en puestos administrativos o al servicio de los mandos (tenían encargados de
tomarles fotos, bolear zapatos, tender camas o hacer comida). Los patrullajes se hacían en
grupos, por miedo.

La situación que describe, sin embargo, no ha variado tanto: desde el 31 de enero los 3 mil
policías juarenses permanecen “acuartelados” en un hotel para evitar que los criminales los
cacen cuando regresan a sus casas.

A finales de enero aparecieron en la ciudad 10 narcomantas en las que La Línea amenazaba
al secretario: “Si sigues apoyando a los montaperros y agarrando pura gente de nosotros te
vamos a estar tumbando un elemento diario. Para que sepa toda la ciudadanía lo corrupto
que eres/ Leyzaola=delincuente con placas Atte NCJ”. En efecto, mataron a ocho
elementos.

El militar replica que sus policías se hospedan en hoteles pero no están acuartelados. Señala
que portan la placa con dignidad y asegura que no renunciará como sus antecesores, que así
les dieron gusto a los criminales: “En otras ocasiones esa táctica les dio resultado, y el
titular al renunciar salía magnánimo, decía que lo hacía como un bien. Pero eso no puede ni
debe ser, ¡eso es hacer pactos!”.

Sostiene que el combate a los secuestradores, carjackers (asaltantes de automovilistas),
narcotraficantes y todos los delincuentes encontrados in fragranti son responsabilidad de la
Policía Municipal:

“Desde el momento en que uno está uniformado, investido de autoridad, no puedo
excusarme y decir: ‘Este asunto es federal, no lo voy a atender’. Ya a la hora de la
consignación deslindamos competencias”. Luego agrega que los municipales pueden
combatir al narcotráfico porque están capacitados y cuentan con armas largas.

A su parecer, los municipales son más rápidos que los agentes federales porque conocen el
terreno, se desplazan en una patrulla sectorizada y están dispuestos a luchar por su gente,
los juarenses.

Se le recuerda que esos policías que según él tienen “arraigo social” son señalados como
violadores de derechos humanos y se le mencionan los casos de la empresaria que lo señala
como golpeador, los cuatro asesinados por el grupo Delta, los tres hermanos Padilla y el
parkero –que los medios han difundido ampliamente–, le pide a su asistente que le recuerde
los hechos.

“Todas las denuncias están en las instituciones correspondientes.... A las quejas de
derechos humanos les hemos dado contestación puntual”, se defiende.
Sobre las personas presentadas en público como delincuentes y que posteriormente han
salido libres, argumenta que a veces es porque los testigos reciben amenazas de los
delincuentes, que los obligan a retirar las denuncias.

Un empresario local comenta a la reportera que Leyzaola se siente omnipotente y por
encima del presidente municipal, y que en corto presume que a él lo envió su general
Galván (el secretario de la Defensa Nacional) en acuerdo con todos los niveles de gobierno.
Por eso ve difícil que las denuncias por sus excesos lo derrumben. Otra persona confirma
que le dijo esa frase: “A mí me mandó mi general Galván”.

Cuestionado sobre el combate a la delincuencia organizada, Leyzaola informa que está por
comenzar una siguiente fase de su estrategia, que es “sectorizar” (intensificar el patrullaje y
aumentar el número de elementos) en las zonas del Valle de Juárez y Oriente, bastiones del
Cártel de Sinaloa. Argumenta que comenzó en la zona Centro y el Poniente, considerada
macetero de la estructura criminal de La Línea, porque es la de mayor densidad
poblacional.

“De ese pequeño espacio sacaban de 6 a 8 millones de pesos semanales para la estructura
criminal. Hemos estado golpeando muy fuerte”, se jacta, aunque de inmediato dice que no
golpeó territorios de La Línea, sino que ha ido actuando donde se beneficia más a la
población, donde la ciudad está más poblada, y que ha llegado el turno de entrar en los
otros puntos de la ciudad donde la policía no lo había hecho antes.

“Hemos estado golpeando muy fuerte. Yo nomás golpeo en flagrancia (...) Se están
persiguiendo las muertes.