AI; Carta Pública de Amnistía Internacional enviada al Secretario de Gobierno Mexicano, Alejandro Poiré

Index: AMR 41/010/2012

N..de Ref.: TG AMR 41/2012.04

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretario de Gobernación

México

México D.F.

AMNESTY INTERNATIONAL INTERNATIONAL

SECRETARIAT

Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, United Kingdom

T: +44 (0)20 7413 5500

F: +44 (0)20 7956 5933

E: amnestyis@amnesty.org

W: www.amnesty.org

Londres, 21 de febrero de 2012

Señor Secretario de Gobernación,

El 20 de febrero de 2012 se cumplen tres años del día en el que los defensores de los
derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron hallados muertos en
Tecoanapa, estado de Guerrero. Como es de su conocimiento, ellos eran, respectivamente,
presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) y
trabajaban por defender los derechos de los pueblos indígenas Me’phaa (tlapanecos) y Na savi
(mixtecos). Tres años después de tan graves incidentes, su caso continúa en la impunidad y
paralelo a ello nos encontramos estudiando un nuevo caso de abuso contra otro de los líderes
de esta misma organización.

Amnistía Internacional considera positiva la reciente declaración pública de Ud. en la que
reitera el compromiso de su Gobierno por los derechos humanos y por la protección de
quienes los defienden. Sin embargo, me dirijo a Usted en esta ocasión para expresarle la
profunda preocupación de nuestra organización en relación a la grave situación de los
defensores y las defensoras de derechos humanos en México y para reiterar nuestro urgente
llamado a poner en marcha un mecanismo de protección eficaz para ellos.

Los abusos que hoy siguen enfrentando las y los defensores de derechos humanos en México
continúan siendo graves, frecuentes e impunes; entre otros, por ejemplo, están siendo
víctimas de asesinatos o intentos de asesinatos, amenazas, intimidaciones y actos de
criminalización. Ejemplo de ello son los casos a los que me refiero continuación.

Norma Esther Andrade, miembro fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una
organización creada en 2001 para luchar contra la impunidad y la justicia en los casos de
secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fue objeto de dos graves atentados
contra su vida en menos de dos meses. El último de ellos ocurrió el 3 de febrero de 2012 en
el Distrito Federal, frente al lugar donde se había reubicado para protegerse luego del primer
atentado de diciembre. La protección otorgada por las autoridades fue totalmente
inadecuada, mostrando de nuevo la falta de eficacia de las medidas de seguridad brindadas
por las autoridades.

Desde el 7 de diciembre de 2011 se desconoce el paradero de Eva Alarcón y Marcial
Bautista, ambientalistas de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de
Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad (MPJD), quienes fueron victimas de desaparición forzada. Sus hijos continúan en
la búsqueda pero a causa de ello también han sido objeto de intimidaciones.

El líder indígena Maximino García Catarino, miembro de la OFPM, misma organización de
Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, se encuentra detenido en la prisión de Ayutla de los
Libres del Estado de Guerrero desde el 20 de enero de 2012. Permanece allí bajo cargos de
homicidio. AI considera que su caso tiene grandes similaridades con el proceso infundado
contra otro defensor de la región, Raúl Hernández quien fue encarcelado durante dos años y
adoptado por Amnistía Internacional como preso de conciencia.

También están encarcelados los líderes indígenas y defensores comunitarios del agua, José
Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz de la comunidad de Atla, municipio de
Pahuatlán en el estado de Puebla desde el 13 de enero de 2010. Ambos han sido
sentenciados a casi siete años de prisión y actualmente esta decisión esta siendo revisada a
través de un recurso de amparo. Al momento de su detención ellos estaban ejerciendo los
cargos de Presidente Auxiliar de Atla y Juez Menor de Paz tras haber sido elegidos como tales
por su comunidad. Uno de sus principales proyectos era lograr proveer de agua potable a toda
la comunidad a través de la instalación de los correspondientes tubos y tomas de agua en
cada casa.

Amnistía Internacional está también analizando los casos de Maximino García Catarino, José
Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en cuanto a que observamos en ellos una
coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, una ausencia
del principio de presunción de inocencia y así como de otras irregularidades procesales que
hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y
defensores de derechos humanos en México. Esta situación, sumada a los detalles de cada
caso nos permite pensar que el verdadero motivo por el cual estos tres líderes indígenas se
encuentran detenidos es por su trabajo en defensa de los derechos humanos de sus
comunidades indígenas. Por lo tanto, de confirmarse esta situación, Amnistía internacional
los reconocerá como presos de conciencia y solicitará su liberación inmediata e incondicional.

Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el
territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los
tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la
obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de
quienes defienden los derechos humanos.

Si los derechos humanos son verdaderamente la más alta prioridad de su gobierno, es
imprescindible en primer lugar poner en marcha un mecanismo de protección para las y los
defensores de derechos humanos que merezca la confianza de los afectados y realmente
brinde protección para que puedan seguir con sus legítimas actividades de defender los
derechos humanos. Así mismo es necesario que las autoridades federales y estatales
garanticen que se ponga fin al mal uso del sistema de administración de justicia que sigue
prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos.

Le agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Javier Zúñiga Mejía Borja

Asesor Especial en Programas Regionales