Apro; Impunidad, patrón crónico en México ante desapariciones forzadas: ONU

Proceso: Apro

Sección: Nacional

14 de marzo de 2012

Impunidad, patrón crónico en México ante desapariciones forzadas: ONU

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de desaparecidos se plantaron hoy frente a la sede de
la ONU en la colonia Polanco, para exigir al gobierno del presidente Felipe Calderón la
presentación de las víctimas.

Luego de que en Ginebra, Suiza se presentó el informe final de la visita a México del
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI), los familiares
de desaparecidos celebraron la posición crítica del grupo de especialistas de la ONU,
quienes advirtieron una aparente incapacidad o “falta de voluntad para atender este
problema” en el país.

Aún con el temor de presentarse ante autoridades como Facundo Rosas, subsecretario de
Prevención y Vinculación de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), y Víctor Hugo
González Sánchez, coordinador de Investigaciones Especiales en Delitos de la Procuraduría
General de la República (PGR), los familiares de Antonio Robledo Fernández, Gersain
Cardona Juárez y Víctor Hugo Martínez denunciaron abiertamente su desaparición.

Los familiares de los tres jóvenes extendieron varias mantas cuando Blanca Martínez,
directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y
representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), enunció
una larga lista de 39 personas desaparecidas en Coahuila de marzo de 2007 a la fecha.

Más adelante, Martínez aportó un dato aterrador: existen 40 mil 483 denuncias por
desaparición forzada de 2007 a la fecha en 16 estados, de acuerdo con 50 solicitudes de
información que hicieron organizaciones de todo el país.

La defensora agregó que en 2011, cuando el GTDFI visitó Saltillo, había 118 denuncias
por desaparición forzada en ese estado y ahora hay 230; en Guanajuato se reportaron 28
desaparecidos en 2011 y ahora hay 160, mientras que en Chihuahua y Nuevo León el
promedio de mil desapariciones se mantiene.

“Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se reportaron 56 desaparecidos. La semana
pasada, policías municipales detuvieron a 50 jóvenes de los que hasta ahora se desconoce
su paradero”, detalló Blanca Martínez.

Tras la participación de la activista, Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la
Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CDHCh), denunció que mientras el
Ejército estuvo a cargo de la seguridad (de 2008 a 2009), 21 personas desaparecieron.

Cuando la Policía Federal asumió la responsabilidad de la seguridad de la ciudad, añadió,
se sumaron seis casos de desaparición forzada atribuidas a efectivos de Genaro García
Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y desde 2011 a la fecha –cuando la
Policía municipal asumió el control– hay por lo menos 10 desaparecidos.

De la Rosa Hickerson confió a Apro que a la Policía Municipal, a cargo del teniente
coronel Julián Leyzaola, se le atribuyen 50 casos de desaparición forzada, así como 100 mil
detenciones, 200 de las cuales han sido motivo de queja.

El argentino Ariel Dulitzky, quien hizo la presentación del informe, dio cuenta de la
tragedia de las desapariciones “de ahora y de siempre”, las ocurridas durante la llamada
“guerra sucia” de los años sesenta, setenta y ochenta, de las cuales la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) documentó 352 casos, pero organizaciones no
gubernamentales cifran en más de mil, 600 de ellas en el estado de Guerrero, y de éstas,
350 sólo en Atoyac.

“No existe una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes
aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de
desapariciones forzadas. Pareciera no existir una coordinación vertical y horizontal entre las
autoridades federales, locales y municipales. Tampoco existe un adecuado sistema nacional
para realizar la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente”, sostiene el diagnóstico
elaborado por el GTDFI.

Después de recibir información de instituciones de gobierno, organizaciones de derechos
humanos y de víctimas, el grupo de expertos de la ONU concluyó que en México “la
impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas, y no se
están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las
personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la verdad y
la reparación. Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar
investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.

En teleconferencia, Dulitzky repasó los principales obstáculos que hay en México para que
el tema de las desapariciones forzadas dé satisfacción a los familiares de las víctimas, entre
ellas falta de armonización en las legislaciones estatales con respecto a la ley federal sobre
desapariciones forzadas, amén de que en 20 estados no existe ese delito.

Además, la tipificación del delito sólo contempla la participación de agentes del Estado y
no “a particulares que actúen en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su
autorización o aquiescencia”, y la inoperancia del amparo para que familiares reclamen a
los desaparecidos.

Asimismo, la prominencia del fuero militar sobre el civil en casos de violaciones a
derechos humanos; la ausencia de protocolos de uso de la fuerza, tanto para efectivos de las
Fuerzas Armadas como corporaciones policiales, y la estigmatización de personas
desaparecidas, entre otras.

Entre las recomendaciones que el GTDFI estableció destaca el regreso de los militares a los
cuarteles, la creación de un Programa de Búsqueda de Desaparecidos, la aplicación de
protocolos de uso de la fuerza para todas las fuerzas armadas y policiales, modificaciones
legislativas acordes a los parámetros internacionales, reforma al fuero militar, revelación de
los nombres de las personas responsables de las desapariciones forzadas durante la “guerra
sucia”, envío de archivos de la Sedena y de la Dirección General de Seguridad (DGS) al
Archivo General de la Nación, y reparación del daño a los familiares de víctimas.

Dulitzky reconoció que no hay una fecha para que el Estado responda a los señalamientos
que hizo el GTDFI, y que por parte de los especialistas de la ONU sólo tienen atribuciones
para dar a conocer las respuestas que reciba del gobierno de Felipe Calderón hasta que
publiquen el informe anual.

El especialista resaltó que las recomendaciones no fueron dirigidas “a un gobierno de un
partido político en particular, se enviaron a un Estado”, por lo que el presidente que surja de
las elecciones que se realizarán el próximo 1 de julio “debe acatar las indicaciones como
representante de Estado, en apego a los acuerdos internacionales firmados por México”.