Proceso; Sección: Análisis; 13 de abril de 2012

Proceso: Apro

Sección: Análisis

13 de abril de 2012

Activistas “incómodos” en Chihuahua

Jesusa Cervantes

Martha Alicia Rincón Márquez y José Luís Castillo, padres de la niña Esmeralda Castillo Rincón,
desaparecida en mayo de 2009 en Ciudad Juárez. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, D.F. (apro).- El próximo 19 de mayo, Esmeralda Castillo cumplirá tres años
desaparecida; desde ese hecho, su padre, José Luis Castillo, emprendió una búsqueda incansable.
Ha recorrido palmo a palmo el barrio de La Merced en el Distrito Federal, su estado natal,
Chihuahua, y también ha presentado denuncias ante las autoridades y medios de comunicación.

José Luis Castillo ha increpado a quien se dice gobernador del estado, César Duarte, y un intento
más por recibir ayuda para localizar a su hija lo realizó el pasado 1 de abril, en Ciudad Juárez.

Ese día, el aspirante presidencial priista Enrique Peña Nieto visitaba la ciudad como parte de su
campaña. El candidato llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los elementos del
Ejército que lo custodian todo el día y el resto del equipo de seguridad impidieron que José Luis
Castillo se acercara al mexiquense.

Y aunque le bloquearon el paso, logró entregar a algunos miembros de la comitiva de Peña Nieto
una carta en donde pedía ayuda para encontrar a su adoración, su pequeña hija, quien contaba
con 14 años cuando desapareció.

Peña Nieto fue ese día a Juárez para promover su candidatura y convencer a los juarenses de que
voten por él, pues según él tiene la fórmula para acabar con el crimen organizado.

Asegura que sólo escuchando a la gente y estando cerca de ella es como se podrá ganar la guerra
a la delincuencia; dice que habla de cara ante la ciudadanía, pero la verdad es que, en los asuntos
verdaderamente importantes para el mexicano común y corriente, el candidato ha cerrado la
puerta.

No se acerca con ellos, no los escucha y, cuando éstos pretenden hacerlo, como intentó el padre
de Esmeralda, se les bloquea el paso; por eso José Luis Castillo sólo pudo entregar una carta en la
que implora a Peña Nieto “se sirva ordenar la búsqueda y localización de nuestras hijas y
jovencitas desaparecidas”.

Diez días después de este “atrevimiento” ante el candidato mexiquense, el padre de Esmeralda
tuvo como respuesta de las autoridades priistas de Chihuahua… ¡su encarcelamiento!

Efectivamente, César Duarte, el gobernador del PRI que intentó por todos los medios, y lo
consiguió, que José Luis Castillo no se acercara a Peña Nieto, solicitó la detención y
encarcelamiento del padre de familia por su presunta participación en un robo ocurrido ¡¡hace
cuatro años!!

Se trata de un asalto a un negocio de masajes registrado en 2008; el activista social, José Luis
Castillo, fue exculpado del ilícito, pues se comprobó que nunca participó en dicho robo; sin
embargo, hoy las autoridades locales sostienen que sí lo hizo, que llevaba en sus manos un arma
y su hijo una metralleta Uzi, con las que supuestamente asaltaron el lugar.

Son las mismas autoridades que desde hace tres años, tiempo en que inició la búsqueda de su
pequeña, han tratado de disuadirlo para cese en su empeño.

Las mismas autoridades que hoy han encarcelado al activista son las mismas que le han dicho
desde hace tres años que no siga en su denuncia, pues “por su culpa nadie quiere invertir en
Juárez”.

Son las mismas que le han dicho desde hace tres años: “Si no tiene miedo a que lo maten”. Y a
las mismas a las que el propio José Luis ha respondido: “¡Qué miedo voy a tener, si ya estoy
muerto en vida!”.

A la angustia que José Luis Castillo ha padecido en los últimos tres años, hoy se suma su
encarcelamiento y la de su hijo por un delito del que fueron exculpados hace cuatro años, pues
el verdadero asaltante ya confesó que el activista y su vástago nunca participaron en el robo.

Por como están sucediendo las cosas, pareciera que todo está “fabricado” por el gobierno del
estado, que ya no sabe cómo frenar a un activista que no está dispuesto a dejar a su hija en el
olvido.

Y más raro resulta todo eso si reparamos en lo que ha dicho la abogada de Castillo, Carla Michel
Salas:
“Efectivamente, el señor Castillo fue detenido junto con su hijo y otra persona que declaró que
ni el señor ni su hijo estaban vinculados en el asunto. Fueron unas horas, los detuvieron en la
calle; efectivamente, iban acompañados de esta persona vinculada a un robo; los trasladan y esta
persona señala que ellos no tenían vinculación con el asunto, por eso les dejaron en libertad”.

Otro dato revelador que ofrece la defensora es que justamente quien hoy está haciendo los
señalamientos contra José Luis Castillo es la dueña de las casas de masajes denominadas Sirena y
Roma, “donde se ejerce la prostitución. Hay que recordar que las redes de trata de mujeres no
funcionan sin las complicidad de las autoridades”.

Y por si fuera poco, el viernes pasado una mujer presentó otra acusación en contra del activista,
al asegurar que ese mismo año, 2008, fue asaltada cuando estaba en una estética.

Ella identifica a Castillo como el agresor; ahora resulta que las autoridades han hecho un
llamado a la ciudadanía para que si reconoce al activista como participante en otros delitos,
acuda a denunciarlo.

Las acciones del gobierno del estado hacen pensar que todo forma parte de un montaje para
quitarse de encima a los “activistas incómodos” que, como don José Luis, se atreven a increpar al
gobernador priista César Duarte.

Los activistas acusan directamente al mandatario de no resolver los casos de niñas desaparecidas
y, sobre todo, se atreven a intentar pedir ayuda “al candidato” presidencial, el mismo que
asegura que está “cerca de la gente” y quien no fue capaz de darle cinco minutos a un padre de
familia que, desde hace tres años, vive la angustia e impotencia de no encontrar a su hija.

Esmeralda Castillo forma parte de las 150 jovencitas desaparecidas por las cuales lucha el comité
de madres y familiares de niñas y mujeres desaparecidas.

Hoy, mientras ella sigue desparecida, su padre y hermano han sido encarcelados por un delito
del que fueron exculpados, y justamente son perseguidos por un gobierno que no ha sido capaz
de dar seguridad a sus propios ciudadanos.

El caso de Castillo resulta inquietante, como en su momento lo fue el de Marisela Escobedo, por
el sinnúmero de amenazas que padeció la activista, asesinada impunemente en diciembre de
2010 y quien evidenció la ineptitud de las autoridades de Chihuahua para hacer justicia a su hija
Rubí.

El priista César Duarte debería mejor dedicarse a gobernar el estado y no a criminalizar a los
activistas sociales.