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La Jornada; Bryan Reyes denuncia que fue torturado durante su detención el sábado pasado

13 de diciembre de 2012

Jueves 13 de diciembre de 2012, por acuddeh

Bryan Reyes Rodríguez, una de las 14 personas que siguen detenidas acusadas de alteración de la paz pública en pandilla el pasado primero de diciembre, denunció irregularidades y actos de tortura durante su detención en las inmediaciones del Teatro Blanquita, donde, dice, fue desnudado, golpeado y recibió descargas eléctricas.

#YoSoy 132 anuncia campaña para derogar el artículo 362 del Código Penal de DF
Bryan Reyes denuncia que fue torturado durante su detención el sábado pasado

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 12 de diciembre de 2012, p. 15

Bryan Reyes Rodríguez, una de las 14 personas que siguen detenidas acusadas de alteración de la paz pública en pandilla el pasado primero de diciembre, denunció irregularidades y actos de tortura durante su detención en las inmediaciones del Teatro Blanquita, donde, dice, fue desnudado, golpeado y recibió descargas eléctricas.

En tanto, el movimiento #Yosoy132 llamó a sus integrantes a impulsar una campaña por la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, en el que se tipifica como un delito contra la seguridad de las instituciones de la capital del país, el de ataques a la paz pública, por lo que convocó a una movilización que se realizará el próximo jueves.

Andrés Medina, uno de los defensores de Reyes Rodríguez e integrante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, afirmó que de acuerdo con su testimonio, el ex alumno de la Escuela Nacional de Música "no se resistió al arresto; sin embargo, fue sometido con violencia y uso excesivo de la fuerza".

Bryan, explicó, es al primero que detiene la policía capitalina por la jornada de disturbios, incluso antes de que inicie la destrucción en avenida Juárez. Sin embargo, agregó, "tardan dos horas en presentarlo ante un juez, a pesar de que ya se encontraba en la sede ministerial".

Entre las diversas irregularidades de la detención del joven de 26 años e integrante de Acampada Revolución, afirmó el defensor, está el que en un primer momento sólo se le consigna por daños en propiedad privada y ataques a las vías de comunicación, pues se le intenta vincular con un incidente con un vehículo del Metrobús.

En la narración que Bryan hace de lo sucedido, señaló Medina, especifica que nunca se resistió al arresto, porque uno de los policías que le detiene “le apunta con una pistola y lo amenaza. Ya bajo arresto le dicen ‘ya te cargo la chingada, ahora sí te vamos a cargar por todo este desmadre’, pero aún no han sucedido los saqueos de avenida Juárez y Paseo de la Reforma”.

Y es el primero a quien le dictan auto de formal prisión, indicó, pues el delito de ataques a la paz pública "se lo finca cuando ya está bajo la custodia del Estado. Claramente se ve la intención de responsabilizarlo de algo en lo que no participó".

Es preocupante, afirmó el abogado defensor, que la autoridad competente "haga caso omiso de las graves irregularidades de su detención y de cómo se le fincan responsabilidades, pues si bien existe una primera acusación de daño en propiedad privada, ésta no implica el riesgo de pasar hasta 30 años de prisión, como sí ocurre con el delito de ataques a la paz pública".

Por su parte, integrantes del Comité Jurídico y de Derechos Humanos del colectivo estudiantil, convocaron, desde las redes sociales, a sumarse a una estrategia para exigir la derogación del citado delito que incluye "acompañar" al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en "cada uno de sus actos políticos con mantas, carteles y actividades culturales que denuncien la represión y demanden la liberación" de los detenidos.

En su exposición de motivos el comité señala que una estrategia por la vía jurídica para obtener la libertad de las 14 personas que permanecen recluidas se "tardaría por lo menos cinco meses para lograr ese objetivo", por lo que convocan a sumarse en la difusión y firma de una carta que presentarán este 13 de diciembre en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para exigir la derogación del delito de ataques a la paz pública.

(Con información de Blanca Juárez)


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