La Jornada;TPP declara "culpable" al Estado mexicano por "provocar enfrentamientos intercomunitarios”

TPP declara "culpable" al Estado mexicano por "provocar enfrentamientos intercomunitarios”

Por Hermann Bellinghausen, enviado

10 dic 2013

San Cristóbal de las Casas, Chis. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) declaró "culpable" al Estado mexicano, por "provocar enfrentamientos intercomunitarios para romper el tejido social, contener y controlar a la organización de resistencia" en las montañas de Chiapas durante los 20 años recientes, a través de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, y el Ejército federal, los cuales en la zona Norte dieron "cobertura, seguridad, apoyo económico a las fuerzas paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia".

Además de propiciar violencia y actos criminales de carácter genocida, el Estado "no ha cumplido su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia", sostuvo el TPP al presentar el dictamen de la preaudiencia "Reunión por la justicia y verdad" realizada el fin de semana en la comunidad chol de Susuclumil, en Tila.

De acuerdo a los testimonios, también existen elementos "para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos", así como los organismos estatales y nacionales de derechos humanos por "su omisión de investigar los hechos".

Según el tribunal, "todo incumplimiento a las disposiciones del derecho internacional de protección a los derechos humanos y de los pueblos, constituyen una transgresión a las obligaciones con la comunidad internacional, y teniendo como referente la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976, los archivos de proceso de Nuremberg, los acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU y la Carta de Derechos y deberes económicos de los Estados, se puede acreditar la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de numerosas garantías individuales y colectivas".

Las pruebas y elementos que acreditan las anteriores violaciones configuran crímenes de lesa humanidad en la "política genocida perpetrada contra los pueblos choles, tzotziles y tzeltales", mediante acciones que continúan hasta el día de hoy.

La preaudiencia fue convocada por medio centenar de organizaciones y tres grandes redes nacionales. Su sede, Susuclumil, fue "escenario de injusticias, muerte y persecución". Allí acudieron testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de zona Norte, así como integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, también "víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres; todos crímenes que siguen en la impunidad".

En la audiencia "se vertieron testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidos durante la segunda mitad de los años noventa en la zona baja de Tila", así como desapariciones y el desplazamiento de las comunidades Chuctiejá, Miguel Alemán, Jolnixtié, Masojá Shuchá, El Limar y Masojá Grande, "una muestra del horror acontecido en contra de la población simpatizante al EZLN" en acciones cometidas directamente por Paz y Justicia.

También se presentaron testimonios de los hechos previos a la masacre de Acteal y la violencia generalizada que se vivía hacia 1997 en los Altos, con asesinatos y desplazamientos, hasta la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal por paramilitares también del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en colaboración con la policía municipal y estatal. Se expuso la búsqueda de la justicia por las comunidades de Chenalhó, y su imposibilidad, manifestada en la liberación de 51 paramilitares ya encarcelados, y ahora "premiados con tierras, proyectos sociales, resarcimiento de ’daños’ y la continuación de la guerra integral".

Otro testimonio fue sobre la masacre de Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, durante el operativo de la policía estatal junto con la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) y habitantes de Nueva Palestina, en Ocosingo, "con la finalidad de desplazar y exterminar a los pobladores". La impunidad continúa, así como la criminalización de las familias desplazadas.

"Ante el escenario actual a la llegada al poder del PRI, rechazamos rotundamente los métodos de represión históricamente instalados", añaden los "jueces" del TPP: María Estela Barco, directora de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (Desmi); Guillermo Villaseñor, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Fray Tomás González Castillo, del Comité de Derechos Humanos del Usumacinta y director del Hogar-Refugio para Personas Migrantes La 72; Alejandro Martínez de la organización El Tribuno Popular; Edith Victorino, Eréndira Sandoval y Gloria A. Fernández, maestrantes en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El Capítulo México, admitido por el TPP en 2011, al término de sus audiencias temáticas, en 2014 "denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado mexicano", las cuales "permanecen impunes".